Declaración de Buenos Aires

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES REPÚBLICA ARGENTINA
11 de junio de 2010

Nosotros, los 130 participantes del IIº Seminario Regional Latinoamericano organizado conjuntamente por el Servicio Penitenciario Federal Argentino y la Asociación Internacional Asuntos Correccionales y Penitenciarios (ICPA), bajo el lema “Problemas Claves en la Región y Oportunidades de Reforma Penitenciaria en América Latina” reunidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina desde el 9 al 11 de junio de 2010 y luego de haber participado en presentaciones, debates, análisis y amplias deliberaciones en diversos talleres y plenarias con la contribución de delegados de 10 países representando administraciones penitenciarias y correccionales, así como asistentes de 10 sistemas penitenciarios provinciales de la Argentina, y otras diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, concluimos y declaramos lo siguiente:

La violencia en los establecimientos penitenciarios de la región latinoamericana se ha incrementado significativamente por las dificultades para lograr mantener un sistema de clasificación y de separación de internos apropiado, debido fundamentalmente a la sobrepoblación existente y a las limitaciones en capacidad y diseño de la infraestructura física. Es preciso volver a establecer a la brevedad grupos homogéneos de internos según su participación en el delito y su vocación de rehabilitación, tomando en cuenta sus particularidades individuales, sociales y culturales y determinar barreras entre los mismos, reconvirtiendo espacios y mediante una separación en términos de participación en programas, desplazamientos y utilización de áreas libres.

En diversas prisiones de la región se han elevado las tasas de suicidios de internos, por lo que es necesario establecer programas de prevención que cuenten con personal calificado y desarrollar métodos que favorezcan la mejor comunicación entre los internos, el personal y la administración penitenciaria a todos sus niveles.

La mayor violencia en las prisiones, incluyendo homicidios, motines y agresiones al personal, exige que se establezcan adecuados sistemas de obtención y análisis de la información como herramienta para prevenir ese tipo de situaciones. También deben mejorarse los sistemas, equipos y procedimientos de control que permitan evitar el ingreso y tenencia de sustancias prohibidas, armas y dispositivos de comunicación, debido a su impacto en los niveles de conflictividad.

La autoridad moral del personal y la existencia de procedimientos de seguridad interna claros y apego irrestricto a los mismos, son esenciales a los efectos de reducir los niveles de violencia.

El crecimiento muy elevado que se ha producido en las cifras de participación en el crimen de jóvenes adultos ha originado diversas opiniones ciudadanas e institucionales para que se les juzgue y sancione como adultos. Nosotros consideramos que las características de los internos que corresponden a esta categoría hacen que sea recomendable se mantenga – o se inicie si tal fuera el caso- un régimen penitenciario específico e individualizado para los jóvenes adultos, con alojamiento diferenciado y programas especialmente diseñados para ellos que enfaticen la continuidad de su educación, el mantenimiento de vínculos familiares, la formación vocacional, la rehabilitación de adicciones, la preparación para la reinserción social y la atención postpenitenciaria.

Debido a su escasa representación dentro del total de la población penal, las mujeres privadas de su libertad han sufrido de la falta de preparación de las administraciones penitenciarias para establecer y mantener programas de asistencia y rehabilitación que posean un enfoque de género. La situación presente en la cual el número de las mujeres presas se ha incrementado significativamente por su mayor participación en delitos contra la propiedad y en tráfico de drogas ilícitas, obliga a que deba de terminarse con esta inequidad y abrirse paso a la igualdad de género, orientando las intervenciones de las administraciones a las necesidades específicas de las mujeres. Entre otros, es importante que el diseño y equipamiento de las prisiones o secciones de mujeres sea acorde con los requerimientos femeninos, incluyendo personal médico especializado y la existencia de guarderías donde las internas puedan participar en la crianza de sus hijos menores.

Debe de estudiarse la implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad de mujeres madres, especialmente si se trata de personas primarias y aquéllas embarazadas o con hijos lactantes. Los programas para internas extranjeras requieren tomar en cuenta sus características étnicas y culturales, así como fomentar su egreso anticipado, vía expulsión a sus países de origen para procurar su pronta reinserción social.

La condición de sostenedoras del hogar aun desde la prisión de muchas internas debe ser reconocida y facilitada a través de programas específicos de capacitación laboral y el establecimiento de talleres de producción micro empresarial.

Ratificamos nuestro compromiso con lograr se cumpla con las recomendaciones de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y con todos los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.

Afirmamos que el personal penitenciario requiere ser específicamente seleccionado y formado para tal función, manteniéndose independiente de cualquier fuerza de seguridad, debiéndose contar para ello con la participación de las universidades para que contribuyan a su profesionalización. Debido a los constantes cambios en la criminalidad en cuanto a actores, métodos y condicionantes, la educación del personal precisa ser continua.

Declaramos que es necesario promover el reconocimiento social de la actividad penitenciaria y la valoración de la importancia y complejidad de la actividad laboral del personal que la tiene a su cargo, garantizándose las condiciones apropiadas en que ésta se debe de prestar, debiéndosele proporcionar adecuadas remuneraciones y dotarle de una línea de carrera, un estatuto propio, atención de salud integral y un régimen previsional acorde. Es muy importante se establezca una proporción adecuada entre número de internos, número de funcionarios y especialistas en correcciones, a fin de garantizar se cumpla eficazmente con los requerimientos en materia de seguridad y de rehabilitación.

Expresamos nuestra satisfacción por la elección del primer Comité Directivo del Capítulo Latinoamericano de ICPA, integrado por México (Presidencia), Argentina (Vicepresidencia) y Perú (Secretaría).

Apoyamos sus iniciativas para:

  • El desarrollo de un Web Site Regional,
  • La organización del Tercer Seminario Regional Latinoamericano,
  • La contribución latinoamericana a la 12º Conferencia Internacional Anual de ICPA en Bélgica (2010) y a las siguientes en Singapur (2011) y en México (2012),
  • La traducción al español del material en inglés sobre entrenamiento del personal penitenciario, compilado por el Comité de Capacitación y Desarrollo de ICPA,
  • El impulso al intercambio de funcionarios para la capacitación y la cooperación técnica, y el establecimiento de relaciones de cooperación con todas las administraciones correccionales y penitenciarias de la región y con instituciones y agencias especializadas como: el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA.)

Buenos Aires, 11 de junio del 2010