Declaración de Bogotá

CONFERENCIA ICPALA 2017 - BOGOTÁ
19 de mayo de 2017

Hace nueve años, en octubre de 2009, durante el desarrollo del Seminario Latinoamericano de la Asociación Internacional de Asuntos Correccionales y Penitenciarios (ICPA), realizado en la ciudad de Bridgetown, Barbados, se puso énfasis en la preocupación por las crecientes cifras de encarcelamiento en la región que han provocado sobreocupación de las prisiones, deterioro de la infraestructura física y disminución de cantidad y calidad de servicios para los internos.

En la Declaratoria de Barbados, asumimos el reto de crear el Capítulo Latinoamericano de ICPA —ICPALA— para fomentar la participación regional y constituirnos en un foro especializado para la cooperación y el intercambio en los ámbitos correccional, carcelario y penitenciario; meta que se concretó después de casi dos años de trabajo, el 23 de junio de 2011, dando paso a la concatenación de reuniones similares en Buenos Aires, Ciudad de México y Lima; además de otras reuniones de coordinación con entidades académicas en las ciudades de Guatemala, San Salvador, Santiago de Chile y Bogotá.

En esta trayectoria de construir presencia en la región, y teniendo como sede el Museo Nacional de Colombia, entre el 17 y 19 de mayo, la comunidad ICPALA sesionó en su Reunión Latinoamericana 2017, con un programa que convocó a 37 expertos de las diversas ramas que tienen que ver con el quehacer penitenciario, dándose cita, en esta ciudad de Bogotá, autoridades de quince países; académicos, empresarios, prestadores de servicios, oficiales penitenciarios e interesados en el mejoramiento de la vida en las prisiones y la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.

A ocho años de haber iniciado esta trayectoria hacia la profesionalización y dignificación de los sistemas penitenciarios de América Latina, podemos afirmar que el diagnóstico regional sobre las prisiones ha profundizado disfunciones y causas que complican la vida de las personas privadas de la libertad en condiciones de internamiento, aunque en justo reconocimiento al esfuerzo local, hay atenuantes que distinguen el diagnóstico entre los distintos países del área; pero con todo, la situación sigue siendo crítica en general para los sistemas penitenciarios de América Latina, al grado de que está en riesgo el concepto de reinserción social por el escaso impacto de las políticas, presupuestos y protocolos en la materia, con el doble efecto que eso conlleva al incrementarse las tasas de reincidencia delictiva e incidencias intramuros como motines, muertes violentas, suicidios y fugas.

La conferencia transcurrió entre las propuestas de cómo gestionar más eficientemente los procesos carcelarios y penitenciarios; la discusión recurrente acerca de la sobrepoblación, el incremento sostenido de población privada de la libertad, la escases presupuestal en la que transcurre la gestión carcelaria y un nuevo planteamiento que invita a revisar, técnica y socialmente si la cárcel debe existir, la utilidad de ésta, su inoperancia o, incluso, el impulso al modelo de una cárcel sin paredes.

Una postura adicional es la que propone que la crisis que está viviendo el sistema penitenciario tiene su origen en los sistemas de justicia penal y en las definiciones de política criminal que siguen generando: abuso en la aplicación de penas y el endurecimiento en la tipificación de los delitos, así como la excesiva utilización de la prisión preventiva y la criminalización de la pobreza, generando estos factores un modelo punitivo en las personas privadas de libertad.

Un consenso general asume que la evaluación sería parcial si sólo se consideran los factores asociados a la escases de presupuestos y/o a la sobrepoblación, pues el problema alcanza tal integralidad que las situaciones de crisis penitenciarias que se han presentado en la región recurrentemente en los últimos años, sólo se pueden resolver atacando los aspectos multifactoriales que la generan. Una visión integral considera que no sólo las instituciones y las políticas públicas de seguridad y justicia, son las causantes del proceso de deterioro que se advierte en general, sino que es preciso revisar todas las acciones sectoriales que inciden en el fenómeno y que de manera dispersa impactan un quehacer que impone la aplicación de una estrategia transversal para atacar, multisectorialmente, los factores que están afectando el sano y eficiente funcionamiento de las instituciones que tienen que ver con las personas privadas de la libertad.

En estos días de reflexión y diálogo, identificamos nuevamente aspectos que están afectando directa e indirectamente la vida de las personas privadas de libertad y que, sin ser exhaustivos, pueden resumirse en:

 Sobrepoblación y hacinamiento.

 Escases de presupuestos.

 En general, en la región, se aprecia una incongruencia legislativa, ya que el marco de funciones de los sistemas penitenciarios, no se corresponde con la suficiencia presupuestal necesaria para cumplir, en condiciones de mínima eficiencia los objetivos de la reinserción social.

 Por lo tanto, existe incongruencia entre el marco legal a cumplir por parte de los sistemas penitenciarios, la responsabilidad hacendaria para atenderlos y el esquema evaluatorio para el administrador penitenciario o carcelario, ya que este último es evaluado a la luz del marco legal y no de la escases presupuestal con el que tiene que convivir cada instalación; en general, esta circunstancia, sumada a disfunciones de la gestión carcelaria, explica en un alto porcentaje la crisis que enfrentan los sistemas penitenciarios en América Latina.

 Se aprecia un nulo empoderamiento de las estructuras administrativas de los sistemas penitenciarios en las administraciones públicas y de los gobiernos, que en la prelación de asuntos o problemas nacionales a atender no otorgan a los sistemas penitenciarios la debida importancia.

 Infraestructura es insuficiente e inadecuada debido a que no se han considerado los impactos del sistema de justicia penal al marco normativo como al operativo de los sistemas penitenciarios.

 Ineficiencia en los servicios básicos, sobre todo de salud, vestido y alimentación, que impiden el trato digno a las personas privadas de libertad y a los oficiales penitenciarios.

 Malos tratos y condiciones inadecuadas de vida al interior de los centros penitenciarios.

 Presencia, cada vez mayor, de grupos de internos violentos, especialmente integrantes de pandillas que afectan la convivencia interna y que propenden al radicalismo extremo para el reclutamiento violento de nuevos integrantes de pandillas y grupos que siguen actuando extramuros.

 Utilización del recurso de declaratoria de emergencias penitenciarias que no han generado soluciones reales a las causas de las crisis penitenciarias.

 Diversas prácticas de corrupción que impiden cumplir con la razón de ser de la instancia penitenciaria: una vida digna a las personas privada de su libertad para su reinserción social.

 

Declaración de Bogotá

Ante este panorama nos pronunciamos por:

1. Generar condiciones que permitan humanizar y fortalecer todas las acciones que tengan que ver con un trato digno y con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

2. Reiterar la necesidad de reconocer el costo social y económico del encarcelamiento, que debe ser considerado como elemento clave por aquellos encargados de aprobar las leyes, los marcos jurídicos y los presupuestos.

3. Hacer un llamado a los gobiernos de la región para que medidas ejecutivas como las denominadas emergencias penitenciarias sean revisadas. Las mismas son un reconocimiento tácito de la inoperancia y falta de efectividad de los sistemas penitenciarios. Las emergencias penitenciarias, en la práctica, propician un alto contenido de discrecionalidad operativa y administrativa y una actitud punitiva al interior de la cárcel.

4. Alcanzar la congruencia entre los ordenamientos legales, regulaciones legislativas y los presupuestos que se debieran dotar para su cumplimiento. Por ello, apelamos a que cada ejercicio fiscal resulte congruente en la responsabilidad hacendaria que conlleva el cumplimiento en toda su latitud de la legislación en la materia.

5. Reconocer que las penas de más de diez años de reclusión o internamiento son un proceso de desocialización acelerada que termina por alterar el sentido de resocialización y afecta al contexto general de la vida en prisión. Por ende, es necesario revisar los fundamentos y alcances de la política criminal.

6. Definir estándares mínimos de habitabilidad carcelaria que puedan ser utilizados en toda América Latina para aumentar las condiciones de vida y las posibilidades reales de reinserción.

7. Alcanzar una operación segura, entendida como la suma de tres objetivos a cumplir por los sistemas penitenciarios:

 Servir a la sociedad con una gestión sin incidencias penitenciarias y con impactos claros en la resocialización.
 Proteger al personal penitenciario de que incurra en conductas corruptivas que debiliten a la institución.
 Dar una vida digna al interno.

8. Considerar importante que el sector público evalúe como una alternativa eficaz, la aplicación de alianzas público privadas de inversión para la mejora sostenida y continua de los procesos penitenciarios, que tengan como objetivo la dignidad de la vida humana y la observación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en condiciones de internamiento.

9. Atender las expresiones de violencia extrema que están incorporando y oponiendo un poder fáctico y creciente a los cánones de gestión interna y de protección de las personas privadas de libertad.

10. Afirmar que una verdadera modernización del sistema penitenciario se basa en el reconocimiento e impulso de la labor de los servidores penitenciarios.

 

Este conjunto de propuestas, por sí mismas constituyen un reto de grandes proporciones y si agregamos el contexto de crisis penitenciaria que se enfrenta actualmente, los escenarios se hacen más complejos; por eso, la alternativa que tenemos es aprovechar cada práctica exitosa, cada medida acertada, cada herramienta desarrollada y cada experiencia lograda dentro del ámbito penitenciario para compartirlas y promover un aprendizaje colaborativo que ayude a encontrar nuevas formas de resolver los viejos y nuevos problemas que afecta el ámbito penitenciario.

ICPALA es el foro que hemos dispuesto para ese ejercicio colaborativo y estos tres días han sido un ejemplo claro de la disposición de todas las instancias aquí representadas, de los sectores público, privado, social y de la academia, para transitar hacia sistemas penitenciarios de calidad en sus servicios, efectivos en cuanto al impulso de la reinserción social y responsables del cumplimiento de los derechos humanos tanto de las personas privadas de libertad como del personal que colabora en cada una de las instituciones penitenciarias de América Latina.

Museo Nacional de Colombia, Bogotá.
19 de mayo de 2017.

José Patricio Patiño Arias
Presidente del Capítulo Latinoamericano de ICPA