Convenio sobre traslado de personas condenadas

 

Consejo de Europa, Estrasburgo
21 de marzo de 1983

Promueve entre los miembros del Consejo de Europa, el traslado de personas extranjeras privadas de libertad por cometer un delito hacia su país de origen, con la finalidad de que en éste cumpla la sentencia o condena que el juez haya determinado y con ello se generen mejores condiciones para su reinserción social.

Esta medida también atiende a consideraciones humanitarias, pues mantener a un recluso en un país distinto al suyo genera dificultades de comunicación, barreras por un idioma distinto y falta de contacto con su familia, situaciones que pueden tener efectos nocivos sobre la conducta de los presos extranjeros.

Una transferencia de condenado puede ser solicitada tanto por el Estado en el que se impuso la sentencia (Estado de Condena) y por el Estado origen del condenado (Estado de Cumplimiento). La decisión sobre el traslado está sujeta al consentimiento de ambos estados como del condenado o de su representante.

El Convenio determina tanto el procedimiento para la formalización de la solicitud de traslado de condenado y su atención hasta su respuesta, así como sobre las diferentes situaciones que se pueden presentar una vez que éste se haya aplicado y sobre el cumplimiento de la condena, estableciendo las obligaciones que se derivan tanto para el Estado de Condena como para el Estado de Cumplimiento.

El Convenio establece que una pena privativa de libertad no puede ser convertida en una multa y un periodo de privación de libertad ya cumplido por el condenado debe tomarse en consideración por el Estado de Cumplimiento. En condiciones específicas, el Estado de Cumplimiento podrá adaptar la sanción a la pena o medida prevista por su propia ley para las infracciones de igual naturaleza. Dicha decisión, no podrá agravar por su naturaleza o duración, la sanción impuesta en el Estado de Condena ni exceder del máximo previsto por la ley del Estado de Cumplimiento.